Sargeant Petroleum retoma demanda contra RD

La cementera Sargeant Petroleum retomó sus acusaciones mediante arbitraje internacional contra República Dominicana, el cual mantiene desde hace varios años y desde el 2022 por más de US$57 millones, “por daños y perjuicios a sus inversiones”.

Sargeant denuncia que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dejó de pagarle desde 2019, según publica el portal CIAR Global.

La litis surge desde 2003, con la firma del contrato para la compra de cemento asfáltico AC-30, durante el Gobierno de Hipólito Mejía y ha pasado por los demás gobiernos sucesivos hasta llegar a los tribunales del país y el exterior, incluso durante la gestión del año 2013, según reportes de prensa.

Pese a que ha habido una contrademanda del Gobierno dominicano, mediante el MOPC, que alega impago de impuestos y sobrepagos, la compañía

Sargeant Petroleum acusa a la República Dominicana de adoptar una serie de medidas destinadas a expulsarla del mercado dominicano del asfalto y reclama en el arbitraje de inversiones, presentado en mayo de 2022, más de US$57 millones por daños y perjuicios a sus inversiones, dice la publicación de CIAR Global.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha publicado tanto la Solicitud de arbitraje, como el Memorial del demandante.

La estadounidense, que denuncia que sus inversiones: “han sido indirectamente expropiadas, y ha tratado a Sargeant de manera inequitativa e injusta en violación de numerosas disposiciones del DR-Cafta”, invoca los incumplimientos de: Trato Nacional, Trato de Nación Más Favorecida, Nivel Mínimo de Trato y Expropiación.

Asimismo, apoya su demanda de arbitraje en el incumplimiento de un contrato entre Sargeant y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de la República Dominicana de mayo de 2013.

Una nota de la redacción de Listín Diario, fechada de abril 2009, indica que a mediados del 2004, los nombres de Mustafa Abu Naba’a y de Harry Sargeant salieron a la palestra nacional relacionados con millonarios y jugosos contratos de importación de combustibles y, en especial, del casi monopolio de traída y venta de RC-2 (asfalto). El volumen de los negocios petroleros de Mustafa Abu Naba’a en el país habían sido cuestionados por el Gobierno Hugo Chávez que veía en ese grupo, cabezas de la poderosa empresa Sargeant Marine.

El grupo de Mustafa y Sargeant operaron millonarios contratos en República Dominicana.

Otras publicaciones de medios locales indican que el Estado domicano está siendo representado por el abogado Emmanuel Esquea Guerrero, frente a la empresa Sargeant Petroleum y el empresario Mustafá Abu Naba’a por los contratos suscritos en los años 2003 y 2013 para cemento asfáltico.

LO QUE DICE LA PUBLICACIÓN:

Sargeant acusa al MOPC de desarrollar “acciones orquestadas en apoyo de una política deliberada para privar a Sargeant del flujo de caja necesario para operar su negocio y expulsarla del mercado dominicano del asfalto en favor de una empresa estatal” .

Y alega los 25 años en el mercado dominicano “con un historial ejemplar”, y el trato más favorable recibido por la empresa estatal a pesar de cobrar un precio más alto por el mismo producto.

Sargeant denuncia que el MOPC dejó de pagarle a partir de 2019, a pesar de que sí siguió pagando a otros contratistas de asfalto que operaban con contratos celebrados sin un proceso de licitación transparente.

En agosto de 2020, Sargeant requirió al MOPC los incumplimientos y deudas que ascendían a más de US$40 millones, cantidad que crecía diariamente en virtud del contrato de 2013. El MOPC realizó un pago parcial de 16 millones de dólares y ordenó otros dos pagos que no fueron desembolsados a Sargeant.

Tras la toma del poder por parte de la Administración Abinader, el MOPC comenzó a obtener la mayor parte de su asfalto AC-30 de Refidomsa, una empresa petrolera en la que la República Dominicana tenía una participación sustancial.

Refidomsa firmó su contrato de suministro con el MOPC en septiembre de 2020, un mes después de que entrara el Gobierno del Presidente Abinader, sin licitación pública.

El Gobierno dominicano adquirió la totalidad de las acciones de Refidomsa, en agosto de 2021. Sargeant reclama US$57.46 millones adeudados por daños y perjuicios a sus inversiones por incumplimiento del DR-Cafta y del contrato de 2013 por parte de la República Dominicana.